CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
1.- Índice
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
3.- Siglas y acrónimos de Ciencia, Tecnología e Innovación
4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
5.- Análisis del estado actual
6.- Objetivos prioritarios
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Promover la formación y actualización de especialistas de alto nivel en investigación científica, humanística, tecnológica y socioeconómica que aporten a la construcción de una bioseguridad integral para la solución de problemas prioritarios nacionales, incluyendo el cambio climático y así aportar al bienestar social.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Alcanzar una mayor independencia científica y tecnológica y posiciones de liderazgo mundial, a través del fortalecimiento y la consolidación tanto de las capacidades para generar conocimientos científicos de frontera, como de la infraestructura científica y tecnológica, en beneficio de la población.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Articular a los sectores científico, público, privado y social en la producción de conocimiento humanístico, científico y tecnológico, para solucionar problemas prioritarios del país con una visión multidisciplinaria, multisectorial, de sistemas complejos y de bioseguridad integral.
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Articular las capacidades de CTI asegurando que el conocimiento científico se traduzca en soluciones sustentables a través del desarrollo tecnológico e innovación fomentando la independencia tecnológica en favor del beneficio social, el cuidado ambiental, la riqueza biocultural y los bienes comunes.
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Garantizar los mecanismos de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico y sus beneficios, a todos los sectores de la población, particularmente a los grupos subrepresentados como base del bienestar social.
6.6.- Relevancia del Objetivo prioritario 6: Articular la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, IES y centros de investigación, para optimizar y potenciar el aprovechamiento y reutilización de datos e información sustantiva y garantizar la implementación de políticas públicas con base científica en beneficio de la población.
7.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
8.- Metas para el bienestar y Parámetros
9.- Epílogo: Visión hacia el futuro
10.- Lista de dependencias y entidades participantes
Anexo 1.- Entidades de la APF que desarrollen investigación científica
2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
Con fundamento en los artículos 1o., 2o., 25 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la base de la organización política y el orden jurídico del Estado mexicano es la soberanía de su Nación pluricultural, misma que reside esencial y originalmente en el pueblo y en cuyo beneficio las autoridades dotadas de legitimidad democrática ejercen el poder público mediante instituciones garantes de los derechos humanos y del desarrollo económico, social y sustentable.
Por su parte, el artículo 3o. de la propia Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica, en congruencia con los artículos 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que definen el contenido esencial del llamado derecho a la ciencia como el derecho humano a participar y gozar del progreso científico y de los beneficios que de él resulten.
En consecuencia, la Carta Magna reconoce la obligación del Estado de apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, además de garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, debiendo para tales efectos proveer recursos y estímulos suficientes, de conformidad con las bases de coordinación, vinculación y participación que prevea la legislación vigente.
Al respecto, el artículo 1o. constitucional ordena a las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, el ejercicio del derecho a la ciencia se vincula orgánicamente con el goce de otros derechos fundamentales como los relativos a la participación e información, pero también a la salud, el agua, la biodiversidad o la educación y la cultura. Igualmente, el derecho a la ciencia forma parte esencial del derecho al desarrollo sostenible, bajo cuya premisa todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan ejercer plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
En correspondencia con lo anterior, el artículo 73 constitucional faculta al Congreso mexicano a expedir leyes tendientes a la promoción de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional, así como para legislar en materia de CTI, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, además de la participación de los sectores social y privado de la economía, con el objeto de consolidar el SNCTI.
En este proceso, acogemos el contenido básico del derecho a la ciencia explicitado por la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, basado en: a) el acceso de todos, sin discriminación, a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, incluido el conocimiento científico; b) oportunidades para todos de contribuir a la actividad científica y la libertad indispensable para la investigación científica; c) la participación de individuos y comunidades en la adopción de decisiones y el derecho conexo a la información, y; d) el fomento de un entorno favorable a la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la tecnología.
Finalmente, y en concordancia con lo anterior, el Conacyt desea colaborar en el gran esfuerzo nacional convocado por el Poder Ejecutivo Federal, a partir del 1 de diciembre de 2018, para atender las necesidades y hacer realidad los derechos colectivos de los grupos subrepresentados que históricamente han padecido una discriminación estructural al interior de la sociedad mexicana.
En tal sentido, el Consejo reconoce la valía del conocimiento que tiene una tradición ancestral, que sigue regenerándose y aplicándose en las comunidades rurales de México, así como, las innovaciones de todo tipo provenientes de las colectividades étnicas y afrodescendientes además de las aportaciones de núcleos campesinos y populares, quienes son custodios y responsables de nutrir territorios y espacios multiculturales donde se conserva y renueva día a día el de por sí amplio acervo constitutivo de la riqueza biocultural de nuestro país, comprometiéndose con su salvaguardia y protección en el ámbito de su competencia legal.
Lo anterior en consonancia con el mandato del artículo 2o. de la Constitución que ordena al Estado mexicano reconocer y garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así como en apego a las previsiones relativas del artículo 27 constitucional y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se reconoce que los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo, así como a la ordenación adecuada del ambiente.
Sobre este marco jurídico sustantivo y con fundamento en los artículos 26 constitucional, 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 8o. de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 16, 22, 26, 26 BIS, 28, 29 y 30 de la Ley de Planeación, 2 fracción I de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2, 12, 13, 20 y 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología, 29 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como sobre la base de los referidos instrumentos y estándares internacionales relativos al derecho humano a la ciencia, el acceso universal a sus beneficios y la libertad de investigación, se presenta el PECiTI 2021-2024, con la intención de contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales de la vida del pueblo de México desde las humanidades, las ciencias, las tecnologías y los procesos de innovación y acceso público y social a los conocimientos.
Cabe mencionar que el PECiTI 2021-2024 contempla la formulación del PDBB, con fundamento en los artículos 21 fracción V, y 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología; 5 fracción XVII, 8 fracción V, 34 fracciones I, II y IV del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 19 fracción V, 28, 29 y 30 de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; 9 fracción XIV y 10 fracción XI del Reglamento de la CIBIOGEM, y 2 de las Reglas de Operación de la CIBIOGEM.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la entidad responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del PECiTI 2021-2024.
3.- Siglas y acrónimos de Ciencia, Tecnología e Innovación
| Sigla/Acrónimo | Significado |
| AMEXCID | Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo |
| ANUIES | Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior |
| APF | Administración Pública Federal |
| CDMX | Ciudad de México |
| CENAPRED | Centro Nacional de Prevención de Desastres |
| CFE | Comisión Federal de Electricidad |
| CIBIOGEM | Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados |
| CONABIO | Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad |
| Conacyt | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |
| CONADIS | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad |
| CONAFOR | Comisión Nacional Forestal |
| CONAGUA | Comisión Nacional del Agua |
| CONAPRED | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación |
| CONRICYT | Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica |
| CPI | Centros Públicos de Investigación |
| CTI | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| ENPECYT | Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología |
| ESIDET | Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico |
| FCCyT | Foro Consultivo Científico y Tecnológico |
| FGU | Fondos Generales Universitarios |
| FOMIX | Fondos Mixtos |
| G20 | Grupo de los 20 países industrializados y emergentes |
| GFCyT | Gasto Federal en Ciencia, Tecnología e Innovación |
| GFIDE | Gasto Federal en Investigación Científica y Desarrollo Experimental |
| GIDE | Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental |
| IDE | Investigación Científica y Desarrollo Experimental |
| IDT | Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
| IES | Instituciones de Educación Superior |
| IMJUVE | Instituto Mexicano de la Juventud |
| IMPI | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial |
| IMSS | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| IMTA | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua |
| INAH | Instituto Nacional de Antropología e Historia |
| INALI | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas |
| INBA | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura |
| INECC | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático |
| INEEL | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias |
| ININ | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares |
| INMUJERES | Instituto Nacional de las Mujeres |
| INPI | Instituto Nacional de Pueblos Indígenas |
| ISSSTE | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas |
| OGM | Organismos Genéticamente Modificados |
| OMPI | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| PDBB | Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología |
| PEA | Población Económicamente Activa |
| PECiTI 2021-2024 | Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 |
| PEI | Programa de Estímulos a la Innovación |
| PEMEX | Petróleos Mexicanos |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PISA | Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos |
| PND 2019-2024 | Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 |
| PNPC | Programa Nacional de Posgrados de Calidad |
| Pronaces | Programas Nacionales Estratégicos |
| RMM-OGM | Revista Mexicana de Monitoreo de Organismos Genéticamente Modificados |
| RNLD-OGM | Red Nacional de Laboratorios de Detección, Identificación y Cuantificación de Organismos Genéticamente Modificados |
| SADER | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| SICT | Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |
| SE | Secretaría de Economía |
| SECTUR | Secretaría de Turismo |
| SEDENA | Secretaría de la Defensa Nacional |
| SEMAR | Secretaría de Marina |
| SEMARNAT | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
| SENER | Secretaría de Energía |
| SEP | Secretaría de Educación Pública |
| SFP | Secretaría de la Función Pública |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| SIICYT | Sistema Integrado de Información Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación |
| SNCTI | Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| SNI | Sistema Nacional de Investigadores |
| SRE | Secretaría de Relaciones Exteriores |
| SS | Secretaría de Salud |
| SSPC | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana |
| STyPS | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.
5.- Análisis del estado actual
5.1 Introducción: Contexto Nacional
El diagnóstico presentado por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que ve con justeza en el régimen económico neoliberal las causas de la crisis nacional, es adecuado como marco general para un nuevo programa estratégico para el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación en México. La construcción de soluciones verdaderas y sustentables para los problemas a los que se enfrenta nuestra nación requieren con urgencia la acción concertada de académicos, científicos y tecnólogos, en armonía con las instituciones que salvaguardan los intereses nacionales.
En este sentido la presente administración reconoce la significación cultural del quehacer científico y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2024 aclara que la generación de conocimiento científico se pervierte cuando se le orienta en exclusiva a la gestación de resultados con valor de mercado, tal y como ha estado aconteciendo debido a la imposición de la lógica neoliberal en el ámbito científico-tecnológico y en su entorno educativo.
La mercantilización a ultranza de los procesos de generación de conocimiento y de formación de recursos humanos de alto nivel tiene implicaciones éticas profundas, y en sentido estricto podrían estar destruyendo a la ciencia y a las universidades de raíz. Este proceso nocivo de mercantilización supedita la generación de conocimiento a intereses corporativos contrapuestos al interés público. El énfasis mercantil de las tecno-ciencias en el mundo neoliberal globalizado ha implicado el desarrollo de tecnologías peligrosas, con poco o nulo contenido científico, que no toman en cuenta los límites de la naturaleza , son ajenas a los criterios de sustentabilidad y dejan de lado las consideraciones sociales, humanitarias y éticas. Por ello, es importante que la recuperación de industrias nacionales se base en generación de conocimiento novedoso y tecnologías bien evaluadas y sustentadas, adecuadas para nuestro entorno y el fin productivo que se plantea y que prioriza el interés público.
Es fundamental que en México se dote de una política de Ciencia, Tecnología e Innovación propia y no se adhiera, adapte o siga modelos establecidos globalmente. Esto último sólo profundiza la dependencia científica y tecnológica, anulando en los hechos la soberanía nacional.
Las aportaciones científicas contribuyen a avanzar el conocimiento y superar paradigmas anteriores. Si no ocurre esto, no hay ciencia. Los modos de hacer ciencia pueden ser distintos y estar influenciados por los contextos económico-políticos, culturales o inclusive ideológicos de los países, pero en cada caso, la investigación científica es la que hace contribuciones novedosas al conocimiento. Por ello, es incorrecto distinguir entre ciencia básica y ciencia aplicada. Aunque sí se puede hablar de ciencia orientada que favorezca descubrimientos novedosos valiosos para entender, prevenir o resolver problemáticas particulares.
El papel del Gobierno Federal en esta materia es primordialmente el de apoyar la ciencia pública, al fortalecer las capacidades nacionales de formación de recursos humanos de alto nivel, priorizando la formación de nuevos científicos mexicanos que contribuyan al desarrollo de la investigación científica, sin embargo la realidad es otra ya que la comunidad científica se encuentra sumida en el sostenimiento de esquemas de producción de conocimiento que puede ser irrelevante y estéril y un número importante de investigadores son maniatados mediante la imposición de mecanismos de evaluación de índole productivista de la actividad científica. Si bien el Sistema Nacional de Investigadores ha contribuido a la credencialización de la investigación científica, estabilizando laboralmente una comunidad importante de científicos, también ha dado lugar a prácticas de simulación al privilegiar la cantidad sobre la calidad en la producción de conocimiento científico.
La lógica administrativa llevada a cabo por los gobiernos neoliberales ha dado lugar a procesos de transferencia de recursos que privilegian intereses privados ajenos al interés público. En los últimos años se ha destinado desde el Conacyt una proporción muy considerable de recursos a proyectos de empresas privadas (en numerosos casos multinacionales), que en la práctica no realizan ninguna clase de investigación científica y se han alimentado proyectos tecnológicos guiados por un interés privado más que público y/o con base en paradigmas ya superados o conocimiento generado tanto fuera como dentro de México en épocas pasadas. En el mejor de los casos, muchos de los proyectos apoyados bajo diferentes esquemas de participación, no siempre fueron fundados en la competencia equitativa por los recursos, sino por el contrario, fueron producto de la confirmación y replicación de datos o propuestas ya comprobadas en otros países, lo que ocasionó que no se genera conocimiento nuevo y nacional.
5.2 Política de CTI (2001-2018)
Al igual que en el resto de la Administración Pública Federal, en materia de ciencia y tecnología el cambio de régimen implica grandes retos, pero también abre oportunidades invaluables para impulsar un profundo proceso de cambio que permita que la política de Estado en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico se ubique a la altura del presente y contribuya al desarrollo nacional integral y al bienestar social, tal y como lo exigen los 12 principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.
El PECiTI 2021-2024 es un instrumento de política pública que tiene como objetivo exponer los problemas del país en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como prever sus soluciones en una proyección sexenal, siendo su sentido profundo contribuir al diagnóstico y a la solución de los grandes problemas nacionales referidos en el PND 2019-2024 a partir de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
El programa especial en materia de ciencia, tecnología e innovación se ha elaborado desde 2001 y hasta la presente administración, se han operado tres programas especiales, los cuales han dado continuidad y han profundizado la política en el quehacer de CTI. En términos de impacto económico, social, cultural y ambiental, así como de desarrollo institucional, de capacidades e infraestructura de CTI y de ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia, sus resultados se pueden calificar de manera cualitativa como dudosos, mediocres o francamente negativos, dependiendo del indicador usado. De todos estos, quizá el que más destaca es el del desarrollo de infraestructura; en este ámbito se detecta falta de equidad, de uso eficiente o de beneficio social y, en ocasiones, nacional(1).
En particular, el Programa del sexenio anterior tuvo como propósito explícito guiar al país en la transición hacia una economía basada en el conocimiento. Tal aspiración se motivó en la idea de que la competitividad depende de la capacidad empresarial de innovar y generar condiciones que permitan tener éxito en los mercados globales y locales, por lo que, si se trataba de impulsar el crecimiento, entonces, era necesario generar una política pública orientada a fomentar la innovación.
Paradójicamente bajo el supuesto del libre mercado, la intervención del Estado en el sector debía limitarse a crear un ambiente favorable a las acciones de innovación empresarial, mediante la eliminación de trabas regulatorias y administrativas. Asimismo, la intervención estatal debía favorecer los flujos de información, establecer incentivos económicos para los agentes que participaran directa y exitosamente en actividades de innovación, además de generar las condiciones que facilitaran la vinculación entre las instituciones de educación superior y los Centros Públicos de Investigación (CPI) con las empresas. Aún bajo esta lógica, la política de mercantilización de la CTI no garantizó que México creciera en términos de eficiencia y se convirtiera en una “sociedad del conocimiento dinámica y fortalecida”.
En contraste, bajo la mirada actual, “el mercado no sustituye al Estado” como principio rector y, por tanto, impele a todos los servidores públicos a reivindicar el rol de garante del Estado mexicano y su papel como rector del desarrollo nacional, donde las ciencias y las tecnologías, incluidas las humanidades y ciencias sociales, están llamadas a desempeñar un rol estratégico.
Es importante no olvidar que los responsables en administraciones pasadas de la política de CTI no cumplieron con varios de los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enlistados arriba o de sus propios planes nacionales de desarrollo. Adicionalmente, la gestión pública de CTI se desenvolvió en medio de principios y prácticas alejadas de las que rigen el servicio público de la Cuarta Transformación. Ahora rige el principio de Austeridad Republicana que está ya liberando recursos para las funciones y obligaciones sustantivas del Estado.
Los primeros datos apuntan a que las autoridades encargadas de coordinar el ejercicio de los recursos destinados al SNCTI en administraciones anteriores, no priorizaron el avance del conocimiento desde México, la soberanía científica o tecnológica nacionales, y tampoco aseguraron que los jóvenes formados en el extranjero con apoyo público, se quedaran en nuestro país a rendir sus mejores frutos. Con ello, en 25 años se generó un éxodo de más de 1.2 millones de mexicanos altamente calificados que dan su talento en empresas y universidades del extranjero. Este hecho constituye un preocupante pasivo para el país. En suma, en las gestiones pasadas, la innovación estuvo por encima del interés público o el bien común. En contra de tal tendencia, uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación señala que “Por el bien de todos, primero los pobres”.
Por su parte, las leyes de CTI fueron modificadas en diferentes ocasiones, básicamente con el objetivo de consolidar la vinculación con el sector privado y la innovación como ejes fundamentales de las actividades de CTI, bajo esquemas de productividad y competitividad, que buscaban asegurar el control del SNCTI a través de diversos mecanismos e instancias de gobernanza excluyente, corporativa y de intermediarios. Estas tendencias incluso llevaron a la precarización y desarticulación de las condiciones de trabajo de los científicos y académicos, que a falta de salarios dignos se sometieron a criterios de competitividad mediante diversos estímulos, que finalmente implican grandes costos de administración al Estado y no han permitido garantizar las condiciones de trabajo y seguridad que requieren los académicos y científicos. En contraste, no debemos olvidar que “Democracia significa el poder del pueblo”, tal como lo establece el PND 2019-2024.
Así, como nota característica de las anteriores políticas de CTI, se diseñó un marco jurídico e institucional a modo para trasladar recursos del pueblo de México al sector privado, sin beneficio público o social observable y efectivo. Es decir, los esquemas y mecanismos de apoyo sirvieron para que empresas privadas, con la mediación de instancias estatales, usaran dinero público para financiar sus emprendimientos sin riesgos ni costos propios y sin responsabilidad social alguna. Asimismo, en no pocas ocasiones, los apoyos de CTI solventaron obligaciones de los gobiernos de las entidades federativas en materia de desarrollo social, infraestructura y prestación de servicios públicos, sin relación o con poca vinculación con actividades de CTI. Incluso asociaciones civiles y diversas entidades privadas sacaron provecho indebido del régimen de apoyos de CTI.
Algunos ejemplos significativos de lo ocurrido durante el periodo analizado y que son muestra del estado del sector de CTI hasta 2018 son los siguientes:
· El Conacyt tiene dentro de sus atribuciones la generación de estadísticas en materia de CTI. A lo largo del sexenio anterior se inflaron los datos para representar una realidad falsa y maquillada del estado de la ciencia y la tecnología en el país. En 2016, por ejemplo, México reportó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una contribución de 0.49% de su PIB al GIDE. Sin embargo, la cifra real para ese año fue de 0.39%. Esto se debió a que se alteró arbitrariamente la metodología internacional establecida en el Manual de Frascati para aparentar un entorno más positivo(2).
· El Índice Global de Innovación, instrumento basado en datos de la OMPI, a través del que se miden resultados de las capacidades y el éxito en innovación de las economías a nivel mundial, demuestra que de 2013(3) a 2018(4) México ganó 7 lugares, pasando del lugar 63 al 56. No obstante y paradójicamente, en el mismo periodo perdió 16 lugares en materia de eficiencia, pasando del 56 al 72. Es decir, a pesar de que el gobierno anterior destinó mayores recursos para el apoyo a la innovación del país, la eficiencia fue menor: con más se hizo menos.
· Entre 2013 y 2018, como consta en los registros administrativos derivados de los diferentes programas que opera el Conacyt, el Gobierno abandonó la ciencia básica, aquella que avanza la frontera del conocimiento y que ahora referimos como Ciencia de Frontera. Incluso en 2017 y 2018 no se otorgaron recursos a los investigadores para la misma; también se fue disminuyendo el apoyo para renovar o mantener su infraestructura. Esto se reflejó en la última convocatoria para este fin; a pesar del tiempo limitado de la misma y del ejercicio de los fondos disponibles, se recibieron más de 2,100 convocatorias por un monto necesario de más de 15 mil millones de pesos, mucho mayor al total disponible, gracias a la consolidación de otros fondos lograda en los primeros meses de esta administración. En contraste, de los recursos en los fideicomisos existentes y de las transferencias indirectas, que en suma alcanzaron 72,598.5 millones de pesos, el Conacyt apoyó a la iniciativa privada con al menos (hasta ahora cuantificado) 35,175.1 millones de pesos. Esto es equivalente al 48% del total disponible en fondos; de este total, de más de 35 mil millones de pesos, 17,810 millones se asignaron a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). En administraciones pasadas, las políticas de apoyo a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación favorecieron las propuestas presentadas bajo una visión empresarial, principalmente de los sectores manufacturero, automotriz y agroindustrial, los cuales dejaron de lado el bienestar social, las implicaciones socioambientales y sanitarias, así como los principales problemas nacionales(5).
· No obstante, el sector privado en México no destinó recursos significativos a fortalecer sus capacidades o eficiencia de innovación y mucho menos al desarrollo científico nacional. Así, en 2016, el sector empresarial únicamente financió el 19% de la investigación científica y el desarrollo experimental en México, mientras que el resto de los recursos fueron aportados por el gobierno (77%) y otras fuentes (4%), contrario a lo que sucede en otros países. De acuerdo con la OCDE, el sector empresarial es el principal financiador de las actividades de investigación científica y desarrollo experimental (en promedio 62%) y en menor proporción el gobierno y los demás sectores (38%)(6).
· El acelerado crecimiento del PNPC, de 1,713 programas en 2013 a 2,346 en 2018, especialmente de maestrías profesionalizantes y de ciencias sociales, el aumento en el número de becas (de 50,819 en 2013 a 66,752, con un monto ejercido de 9,618 millones de pesos a diciembre de 2018(7)) y de miembros del SNI (de 19,747 investigadores en 2013 a 28,633 en sus diferentes niveles con un presupuesto aprobado de 5,000 millones de pesos en 2018), así como del número de proyectos apoyados por el Conacyt a través de los Fondos Sectoriales para CTI (5,358.6 millones de pesos en 2018), no se ha reflejado en un incremento significativo en la soberanía o liderazgo científico del país (tampoco de la eficiencia en innovación, como se apuntó arriba), y mucho menos se ha reflejado en un mayor beneficio del pueblo de México(8).
Además, existe una crisis ambiental sin precedentes, la precarización del empleo y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población, incluyendo al empleo en las universidades públicas, en particular, en lo que se refiere a los docentes.
· Los indicadores usados no dan cuenta del impacto de estos rubros en el bienestar social, pero tampoco permiten medir el nivel de cumplimiento del propio derecho humano a la ciencia, por lo que su revisión es impostergable en términos de estructura (normas e instituciones), proceso (instrumentos y operatividad de la política pública) y resultado (cumplimiento de objetivos).
· La concentración de recursos y el desconocimiento de las asimetrías locales y de las capacidades diferenciadas en los estados, obstruyeron la descentralización efectiva de la política de CTI e impidieron la consolidación de un federalismo cooperativo. Por ejemplo, Guerrero, Morelos, Colima y Tlaxcala son entidades federativas en las que aún no existen CPI o alguna subsede de los mismos, en comparación con entidades federativas como la Ciudad de México con cinco CPI o Guanajuato y Querétaro con tres CPI, respectivamente.
· Por su parte, el esquema de FOMIX fracasó en su cometido de consolidar el desarrollo institucional de los consejos estatales y alentar la inversión local en CTI, pues en muchos casos la existencia y operación de estos consejos aún depende de la transferencia de recursos federales. Incluso, bajo prácticas jurídicamente cuestionables, en los hechos, los recursos de los FOMIX solían destinarse a fines distintos a los contemplados legalmente.
· Toda investigación financiada con recursos públicos debería poner a disposición del público los resultados derivados de la misma, así como todos los productos generados en cualquiera de sus etapas, en búsqueda de colaborar con el conocimiento abierto mundial. Sin embargo, y a pesar de que el Conacyt está encargado de construir los repositorios nacionales, no se avanzó significativamente en este rubro. Esta política requiere de la integración de más actores a nivel nacional, liderados o coordinados por el Conacyt como órgano rector del sector, para la definición global de la Ciencia Abierta y la generación de políticas institucionales alineadas al objetivo que iniciara en las declaraciones e iniciativas de Budapest (2002), Bethesda (2003) y Berlín (2003). En este marco, los Lineamientos Generales de Ciencia Abierta, aprobados el 9 de junio de 2017 mediante el Acuerdo 60-17/17 de la Junta de Gobierno del Conacyt, que tienen como objetivo otorgar a cualquier interesado el acceso libre y gratuito a los materiales y recursos de información que resultan del proceso de investigación, en cualquiera de sus etapas, con la posibilidad de usarlos, reusarlos, modificarlos, compartirlos y difundirlos mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dicha política articuló las acciones de seis programas: Programa de Revistas; CONRICYT; Programa de Repositorios; Programa de Comunicación Pública de la Ciencia; SIICYT, y Programa de Conectividad.
Sin embargo, la instrumentación de esta política no ha sido la más adecuada, el principal problema que presenta es la nula articulación entre los programas involucrados, dentro y fuera del Consejo, lo que ha impedido la alineación de los incentivos y responsabilidades de aquellos investigadores, becarios y sujetos de apoyo en general, que hayan sido beneficiados con recursos públicos, para compartir y publicar los resultados de sus investigaciones de manera abierta.
Por su parte, la CIBIOGEM se condujo de forma sesgada al convertirse en una agencia de promoción de biotecnología agrícola basada en OGM. Consecuentemente, la política de bioseguridad del Estado mexicano renunció a la observancia del principio precautorio. Por ejemplo, de acuerdo con registros administrativos de la Secretaría General de la CIBIOGEM, la administración anterior otorgó de 2013 a 2018, 42.5 millones de pesos para investigación en biotecnología, mientras que destinó a bioseguridad poco más de 16 millones. Aproximadamente el 72% de los recursos para investigación en biotecnología se enfocó en OGM para fines agrícolas. Todo ello en perjuicio del desarrollo de una política de bioseguridad integral en beneficio del pueblo de México, simulando la participación ciudadana y de pueblos indígenas en aproximadamente 75 procesos de consulta exprés.(9)
Cabe mencionar que en los registros administrativos generados por la Secretaría General de la CIBIOGEM, entre 2005 y 2015 se otorgaron más de 600 permisos de liberación sin consulta previa. Asimismo, poco hizo la CIBIOGEM para proteger el maíz nativo u otros cultivos nativos u originados en México de la contaminación transgénica. Al respecto, es indispensable no olvidar que desde 2001 se ha documentado la presencia de transgenes en el maíz nativo de distintas regiones del país, lo cual se agrava ante el escenario de desinformación que prevalece, en particular si se tiene en cuenta que todo el territorio nacional es centro de origen y diversidad genética.(10)
5.3 Política de CTI durante la Cuarta Transformación
La reforma constitucional llevada a cabo mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, en la fracción XXIX-F del artículo 73 de la Carta Magna, le otorga la facultad al Poder Legislativo para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, abriéndose así la posibilidad de construir un orden público en la materia, que responda satisfactoriamente a las necesidades de la sociedad mexicana en correspondencia con los estándares internacionales relativos al derecho humano a la ciencia.
El derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones se expresó conceptualmente en la intervención de la Relatora Especial en la esfera de los Derechos Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quien clarificó los estándares para su satisfacción en el año 2012. No obstante, dada su naturaleza afín a las cuestiones sobre desarrollo, se ha caracterizado a partir de la producción permanente de informes y trabajos de varios organismos regionales y de las Naciones Unidas especializados en cuestiones de CTI para el desarrollo. Por supuesto, el derecho a la ciencia resulta inescindible del ejercicio efectivo de otros derechos humanos, así como un indicador fundamental de bienestar social, apareciendo el desarrollo científico y tecnológico simultáneamente como premisa y consecuencia del desarrollo económico, social y sustentable.
Con el fin de contribuir al logro de los ODS de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que se encuentran: garantizar una educación de calidad, una vida sana, el acceso al agua y la energía, tomar medidas urgentes contra el cambio climático, así como lograr la seguridad alimentaria y la igualdad de género; el PECiTI 2021-2024 propone objetivos, estrategias y acciones puntuales que, como se ve reflejado en el presente documento, atienden a 14 ODS(11) y 29 metas de la Agenda.
El PECiTI 2021-2024 se alinea directamente con el subtema de “Ciencia y tecnología” dentro del eje de Economía del PND 2019-2024, donde el Conacyt tiene a su cargo la coordinación del Plan Nacional para la Innovación. No obstante, al leer el PND 2019-2024 se hace evidente que la ciencia y la tecnología atraviesan la totalidad de las instancias y áreas de competencia de la Administración Pública Federal; es decir, no se limita a la esfera exclusiva de la economía, si bien tiene que ver con la reconstrucción del mercado interno y el rescate del sector energético entre otros asuntos de gran relevancia en la agenda de gobierno, el PECiTI 2021-2024 también incluye la investigación y uso del conocimiento para el combate a la corrupción, la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz, el bienestar social, el desarrollo sostenible y la salud. La gestión institucional en estos temas requiere del cruce de metodologías e intercambios teóricos, conceptuales y técnicos, incluso del cambio de referentes epistémicos y tecnológicos, así como del uso de recursos transdisciplinarios y multisectoriales.
A su vez, el desarrollo en ciencia y tecnología puede colaborar sustancialmente a la observancia de principios rectores del PND 2019-2024 según los cuales “No puede haber paz sin justicia” y “No más migración por hambre o por violencia”, pues la ciencia de datos y la construcción de ecosistemas informáticos, en combinación con la articulación de la inteligencia social y las capacidades científicas y tecnológicas del país, pueden contribuir propositivamente a la atención de problemas de criminalidad y administración de justicia, así como a la consolidación de la soberanía alimentaria y el trabajo digno o a la erradicación de la violencia estructural.
En este sentido, la generación y conservación de conocimientos, así como sus aplicaciones prácticas, son actividades de gran relevancia para todas las áreas y sectores del Gobierno, pues la construcción de una democracia constitucional y el diseño de políticas públicas incluyentes, sostenibles ambientalmente, solventes epistémicamente y participativas suponen una dirección y un liderazgo popular reforzados por la disponibilidad de recursos técnicos especializados y personal honesto altamente calificado, que facilite la labor prudencial de los tomadores de decisiones, en corresponsabilidad y consulta con la ciudadanía y el pueblo de México. Así, el sector de CTI participa en la observancia del principio rector que reconoce que la “Democracia significa el poder del pueblo”. La transparencia proactiva y la política de ciencia abierta serán fundamentales para hacer realidad este imperativo categórico dentro de la Administración Pública Federal.
La transversalidad del conocimiento y su importancia para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, coloca a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como a las instituciones que conforman el SNCTI, en el centro de la gestión pública para la atención de los grandes problemas nacionales. Sin duda los convenios de colaboración tendrán un rol determinante como instrumentos jurídicos de vinculación y cooperación interinstitucional multinivel, que faciliten la acción colectiva directa y la incidencia participativa concreta. Asimismo, la ciencia de datos cobrará una relevancia inusitada como herramienta de articulación y colaboración. De lo que se trata es que la ciencia y la tecnología sean factores determinantes del cambio social y del consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo de México. Así, la comunidad CTI está llamada a reivindicar su papel en la esfera pública y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, dándole vida al principio rector que prevé la “Economía para el bienestar”.
Un reto al que se enfrenta la comunidad científica es el de cambiar de una política de incentivos y convocatorias fincada en principios de mercados lineales, a una política que promueva la colaboración y convergencia sustantiva en torno al avance del conocimiento o la comprensión, prevención y atención de los grandes problemas nacionales, siempre en articulación con las entidades de gobierno implicadas.
Uno de los retos más profundos a los que se enfrenta la comunidad CTI es la reconciliación de saberes: por un lado, las disciplinas que la razón instrumental moderna encumbró como conocimiento científico y, por otro, las disciplinas que tras largos combates han logrado su reconocimiento y legitimidad: las ciencias sociales y las humanidades, cuna a veces olvidada de la sabiduría de Occidente. Asimismo, es necesario asumir el cuestionamiento realizado desde la filosofía y el pensamiento social del sur global respecto del eurocentrismo y los sesgos coloniales de las tecno-ciencias y el discurso ideológico propio del neoliberalismo, que ha sido capaz de renunciar a la razón y la verdad en aras de solapar y justificar valores de uso nocivo para la humanidad, francamente destructivos de subjetividades y de sus entornos vitales.
Precisamente con el propósito de avanzar por el camino de la reconciliación y superar los atisbos cientificistas y sectarios aún imperantes entre algunos miembros de la comunidad CTI, resulta fundamental convocar al desarrollo de una ciencia por México abierta, sin discriminación ni prejuicios al intercambio y al diálogo epistemológico incluyente, respetuoso de todas las formas sociales del conocimiento, incluidos los saberes tradicionales de las comunidades indígenas y campesinas. Es necesario generar y respetar un diálogo que responda a la emergencia socioambiental por la que atraviesa el país con la generación y articulación de tecnologías para el bienestar social y emprendimientos de innovación abierta, pues solo así el sector de CTI atenderá el principio rector de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”.
En congruencia con los cambios profundos que impulsa la Cuarta Transformación y en concordancia con los estándares internacionales en la materia, el propósito ineludible del PECiTI 2021-2024 consiste en establecer las bases estratégicas de una política de CTI que contribuya al desarrollo económico, social y sustentable de nuestra Nación multicultural, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, de tal manera que se haga efectivo para las personas el disfrute del derecho a la ciencia, buscando siempre el bienestar social y la felicidad del pueblo de México. Estas transformaciones no deben desatender el cuidado y protección del ambiente, la riqueza biocultural del país, la alimentación y la salud de la población, así como, impulsar en todo momento a través del desarrollo científico y tecnológico, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, la bioseguridad integral y el florecimiento de fuerzas productivas de todo tipo, además del apuntalamiento de la independencia y soberanía nacionales en un contexto de cooperación internacional y solidaridad global.
Por supuesto, las actividades de CTI se encuentran sujetas a los principios de interés nacional y justicia social, pero también a los mandatos de austeridad republicana y combate a la corrupción que implica la Cuarta Transformación con el propósito de renovar el pacto social mexicano, pues la “Honradez y honestidad”, así como la “Ética, libertad y confianza”, son principios rectores del Gobierno en este nuevo régimen.
Por otro lado y derivado de la insuficiencia presupuestal para incrementar el otorgamiento de becas de posgrado, de la falta de interés de los egresados y egresadas de licenciatura por continuar estudios de posgrado, la insuficiente infraestructura en las IES para impartir programas de posgrado, la falta de estímulos hacia la juventud por estudiar posgrados en ciencias naturales y exactas e ingenierías; la carencia y limitación de recursos monetarios en las familias para pagar estudios de posgrado, así como la concepción cultural equívoca del rol de la mujer en el núcleo familiar que limita sus posibilidades para acceder a estudios de posgrado; ha ocasionado que existan políticas públicas insuficientes para la formación de profesionales especializados.
La escasa demanda de egresados de licenciatura por ingresar a programas de posgrado se ve reflejada en la matrícula de estudiantes que conforman este nivel educativo. Esto a su vez resulta de la limitada oferta de las IES para promover sus programas de posgrado, de las tasas de deserción escolar en licenciatura que impiden la continuación de estudios y de la necesidad de incorporarse a la fuerza de trabajo debido a las limitaciones económicas de las familias. Aunado a esto, existe una importante brecha de género en virtud de que el porcentaje de egresados de programas de posgrado es mayoritariamente masculino.
Lo anterior hace necesario impulsar políticas públicas que atiendan las problemáticas antes señaladas a efecto de incrementar el número de científicos, humanistas y tecnólogos comprometidos con la sociedad, el cuidado del ambiente, la riqueza biocultural y los bienes comunes, respetuosos del carácter multicultural de la nación para enfrentar los problemas prioritarios y contribuir al bienestar de la población.
Por otro lado, la insuficiencia presupuestal para apoyar proyectos de ciencia de frontera, aunado a la presencia de escaso personal especializado para desarrollar investigación científica, así como la escasez de infraestructura científica y tecnológica y el desaprovechamiento de la existente, ha propiciado la desarticulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto debido en parte a la falta de políticas públicas diferenciadas que atiendan las realidades de cada estado y región, así como el desaprovechamiento de la cooperación internacional científica y técnica.
Como resultado de lo anterior, es necesario fortalecer el apoyo gubernamental para atender científicamente las necesidades de la población, así como fortalecer al personal especializado que pueda cubrir la demanda de proyectos de investigación científica y que haga uso eficiente de la infraestructura científica y tecnológica existente, además de fortalecer la bioseguridad y biotecnología en beneficio de la sociedad, aprovechando las oportunidades de cooperación internacional científica y técnica y apoyando a la Ciencia Básica.
Por lo anterior, se hace necesario impulsar la independencia científica y tecnológica para México, así como promover un mayor liderazgo mundial en conocimientos científicos de frontera.
Adicionalmente y en virtud de los diferentes problemas que existen en México, se hace indispensable aprovechar la ciencia para brindar soluciones sólidas y con base científica. Sin embargo, ello difícilmente podrá alcanzarse mientras exista una desarticulación de los actores del SNCTI involucrados en temas de salud; prevención de riesgos y desastres; temas ambientales; energéticos y de sustentabilidad; sociales; educación; cultura y alimentarios.
Bajo un escenario desarticulado prevalecerá la escasa producción de conocimiento científico y tecnológico que facilite la implementación de medidas necesarias y urgentes que contribuyan a dar solución a las principales problemáticas que aquejan al país. Por ello, es necesario articular a los sectores científico, público, privado y social para propiciar la producción de conocimiento humanístico, científico y tecnológico con el propósito de atender los problemas prioritarios de México.
De igual forma, la escasez de empresas de base tecnológica nacionales, la inexistencia de un Plan Nacional de Innovación, la carencia de una normatividad actualizada y otras herramientas que aseguren que el valor agregado a través de la aplicación del conocimiento se quede en el país, la falta de tecnologías disruptivas de tecnificación que atiendan los problemas nacionales, así como el desaprovechamiento de los saberes tradicionales a cambio de la importación de tecnología; ha generado una alta dependencia de tecnología del extranjero.
En consecuencia, también se ha generado una limitada producción de conocimiento científico y tecnológico, la desarticulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el poco interés de profesionales, científicos y tecnólogos por producir conocimiento derivado de la falta de incentivos adecuados, entre otros.
En este sentido, las estrategias y acciones en materia de desarrollo tecnológico e innovación estarán enfocadas a aprovechar el conocimiento científico que se traduzca en soluciones sustentables.
Asimismo, la inexistencia de programas de acceso universal a las ciencias, humanidades y tecnologías que atiendan las necesidades de grupos subrepresentados, además de la escasez de programas que impulsen las vocaciones científicas y humanísticas desde edades tempranas, así como la obsoleta normatividad, no ha permitido asegurar que el valor agregado, a través de la aplicación del conocimiento, se quede en el país, del mismo modo, los canales de comunicación generados por el SNCTI son insuficientes, lo que no ha permitido una correcta cobertura en la población.
Se debe buscar una mayor producción de conocimiento científico y tecnológico a través de mecanismos que generen el gusto por las matemáticas para el desarrollo del pensamiento crítico en todos los niveles educativos, además de la creación de programas que promuevan las vocaciones científicas y humanísticas en edades tempranas y que establezcan el interés de la sociedad por temas científicos y tecnológicos.
En este sentido, se generarán mecanismos de acceso universal al conocimiento científico, tecnológico y humanístico para dirigir sus beneficios a todos los sectores de la población y poner a la ciencia al alcance de todos.
Finalmente y aun cuando se ha generado y existe vasta información en materia de investigación científica y tecnológica, esta se encuentra dispersa y desarticulada. No existe una clara y unificada estrategia de repositorios, ni tampoco la infraestructura suficiente y el conocimiento necesario para el adecuado intercambio de información y datos. Los modelos y tecnologías de bases de datos para la toma de decisiones en el campo de CTI operan con grandes limitaciones por su falta de uniformidad y actualización, además de existir un desconocimiento de licencias de uso abierto o libre para software y otros productos intelectuales de la investigación y la innovación.
Lo anterior ha derivado en un deficiente uso de los repositorios, en el desaprovechamiento de la infraestructura existente y del conocimiento necesario para el adecuado intercambio de información y de datos. De esta forma, se ha desaprovechado la toma de decisiones con bases científicas para la generación y aplicación de políticas públicas eficientes y eficaces en diferentes sectores.
Al reconocer la importancia y la necesidad del uso pertinente de toda la información que se genera en el sector de CTI, se impulsará la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a fin de optimizar, aprovechar y reutilizar datos e información sustantiva de base científica.
En consecuencia, se pretende impulsar un cambio de paradigma en la política de CTI sobre la base de la articulación virtuosa entre el gobierno, la academia, las empresas, la sociedad y el ambiente, sin olvidar a las colectividades étnicas y rurales ni al sector social de la economía, por lo que se proponen seis objetivos prioritarios para el sector:
1. Fortalecimiento de la Comunidad Científica. Fomentar las vocaciones científicas, la creatividad y el ingenio de la población, así como promover la formación crítica y el fortalecimiento permanente de las capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico al más alto nivel, con una visión humanista de compromiso socioambiental, perspectiva de género y enfoque multicultural, además de incentivar a la comunidad a colaborar, a sumar esfuerzos, articularlos y converger para avanzar la frontera del conocimiento, el desarrollo tecnológico de vanguardia y la innovación, y comprender, prevenir y solucionar los grandes problemas nacionales.
2. Ciencia de Frontera. Impulsar la generación de conocimientos de vanguardia sobre la base de la cooperación y el apoyo mutuo en investigaciones de carácter inter, multi y trans disciplinario, de tal manera que la inteligencia colectiva nacional trascienda continuamente los horizontes del conocimiento humano y asuma posiciones de liderazgo científico mundial haciendo un uso más eficiente y racional de los recursos, así como de la infraestructura disponible para el quehacer científico.
3. Programas Nacionales Estratégicos. Contribuir al diagnóstico y atención de problemas nacionales prioritarios a través del apoyo a proyectos de investigación e incidencia basados en la articulación participativa de instituciones de educación superior, CPI, dependencias del Estado y múltiples actores sociales, donde la ciencia sea una herramienta estratégica y se ponga al servicio de la sociedad de manera directa o a través del apuntalamiento de los proyectos de Estado.
4. Desarrollo y Transferencia de Tecnología. Promover la generación y uso de tecnologías de vanguardia a partir de una política de cooperación e innovación abierta, bajo un modelo de pentahélice, con el propósito de desplegar fuerzas productivas técnicas que apuntalen el bienestar social y la soberanía tecnológica del país, en un marco de solidaridad internacional y respeto del ambiente.
5. Promoción del acceso universal al conocimiento y sus beneficios. Fomentar el acercamiento de la comunidad CTI a audiencias no especializadas, así como socializar los resultados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico como punto de partida para garantizar el derecho de todos a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico a través de una política efectiva de ciencia abierta.
6. Información y Prospectiva Científica con Impacto Social. Ampliar los alcances de las actividades de CTI en la sociedad, optimizando la articulación multisectorial e interinstitucional con fines preventivos, así como de identificación de áreas de oportunidad para la implementación colaborativa y transversal de políticas públicas según criterios rigurosos y datos sólidamente sustentados.
Como se ve, se busca orientar el sector al avance del conocimiento y el cambio tecnológico de vanguardia, siempre anteponiendo la defensa del interés público, el bien común y la recuperación de la rectoría del Estado en el trazado de las vías del desarrollo nacional prioritarias y estratégicas, sobre la base de una ética pública donde el combate a la corrupción, la protección de los derechos humanos y colectivos de la presente y futuras generaciones; respetando plenamente la libertad de investigación y cátedra, y la búsqueda permanente del bienestar social serán pilares de la renovación del SNCTI.
Cabe señalar que el PECiTI 2021-2024 incorpora el Programa para el Desarrollo de la Bioseguridad y la Biotecnología (PDBB), el cual busca contribuir al consenso nacional para lograr el bienestar de la población mexicana de esta y de futuras generaciones a través de una política de bioseguridad integral, con acciones orientadas a evitar, minimizar o erradicar riesgos de diversa índole frente al uso de organismos genéticamente modificados y de otras biotecnologías emergentes que alteran la forma en que los genes se expresan o regulan normalmente en sus especies y entornos naturales. Aquí se parte de los principios establecidos en instrumentos nacionales e internacionales aplicables, coherente con la observancia de los derechos humanos individuales y colectivos, de la presente y de futuras generaciones, la protección de la riqueza biocultural, el cuidado ambiental y de los bienes comunes del país, desde una perspectiva inter y transdisciplinaria.
En este sentido, el PDBB se alinea a los seis Objetivos prioritarios del PECiTI 2021-2024 a través de las Estrategias prioritarias 1.5, 2.6, 3.1 a la 3.7, 4.5, 5.1, 5.4, 6.1 y 6.2 y algunas de sus Acciones puntuales, mismas que no son exclusivas del PDBB, toda vez que este forma parte del PECiTI 2021-2024 y por lo tanto es aplicable al sector de CTI.
Finalmente, para la elaboración del PECiTI 2021-2024 y del PDBB, se tomaron como referencia los siguientes documentos y aportaciones:
1. Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por el Movimiento Regeneración Nacional (morena) y elaborado por la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces (junio 2018).
2. Cuatro mesas de trabajo realizadas por el Conacyt para la integración del PND 2019-2024 y el PECiTI 2021-2024:
· El Futuro de la política de ciencia y tecnología. Hacia el Plan Nacional de Desarrollo CIDE/Conacyt, CDMX. 5 de marzo de 2019.
· Foro Ciencia por México: Los ejes del nuevo Conacyt en el marco del PND 2019-2024. Conacyt, CDMX. 13 de marzo de 2019.
· Ciencia por México: Los ejes del nuevo Conacyt. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich. 15 de marzo de 2019.
· Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) La perspectiva de Conacyt. Conacyt, CDMX. 5 de marzo de 2019.
3. Aportaciones de la comunidad para la construcción del PECiTI 2021-2024. Acopio de información llevada a cabo por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico con respecto a las ideas principales de reuniones de trabajo realizadas entre el primer semestre de 2018 y hasta el mes de agosto de 2019. Cabe señalar que con la excepción del documento: Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 y entregado al entonces Presidente Electo el 22 de octubre del mismo año, el resto de los materiales se elaboraron en 2019 y fueron publicados en formato digital.
Asimismo, para la elaboración de este documento, se consideraron los siguientes materiales:
· Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024 (2018).
· Memoria del Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (6 y 13 de marzo de 2019 en la H. Cámara de Diputados).
· Diálogos sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Construyendo consensos por México (9 y 11 de abril de 2019 en las instalaciones del FCCyT).
· Aportaciones de la comunidad al Plan Nacional de Desarrollo y al diseño del PECiTI 2021-2024.
· Foros Estatales de Consulta 2019. Humanidades, Ciencia y Tecnología: Presente y Futuro. Volumen 1.
· Foros Estatales de Consulta 2019. Humanidades, Ciencia y Tecnología: Presente y Futuro. Volumen 2.
· Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Resultados.
· Foros sobre legislación secundaria de la reforma educativa, SEP-ANUIES.
4. Aportaciones de las Dependencias del Gobierno Federal con presupuesto para Ciencia, Tecnología e Innovación.
Los cambios que se pretende alcanzar a través de los objetivos, estrategias y acciones planteados en el PECiTI 2021-2024 están enfocados a colocar el interés público por encima de intereses privados, la investigación científica y el desarrollo tecnológico como factores determinantes para el desarrollo nacional integral, a incrementar los recursos y hacer uso eficiente de ellos para asegurar que la población mexicana se beneficie del progreso científico y tecnológico, así como a fomentar el involucramiento de distintos actores públicos, privados y sociales.
Todo ello deberá reflejarse en un sector de CTI que contribuya a la solución de problemas nacionales, a que México alcance la soberanía científica, a impulsar el regreso de científicos mexicanos altamente calificados y reconocer adecuadamente la labor que realizan, a acercar la ciencia con la sociedad, a reconocer los saberes tradicionales para la generación de conocimiento científico y tecnológico y a la construcción de ecosistemas de datos que fortalezcan el diseño de políticas públicas.
Los mexicanos y las mexicanas ejercerán su derecho a acceder a los beneficios de una ciencia pública que garantice su bienestar y favorezca el cuidado ambiental del país.
6.- Objetivos prioritarios
El sector de Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá una participación relevante en el logro de los objetivos del PND 2019-2024 a través de diferentes objetivos prioritarios. Partiendo de lo planteado en dicho documento de alcance nacional y de trascendencia sexenal en virtud de que conforme al artículo 21 de la Ley de Planeación, la vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente de la República, se impulsarán seis objetivos prioritarios que serán la guía y base del quehacer científico, tecnológico y de innovación en México a efecto de alcanzar una verdadera transformación en la materia.