CENTRO FEDERAL DE CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL
Programa Institucional de Mediano Plazo
2021-2024
Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y vinculado al Programa Sectorial de
Trabajo y Previsión Social 2020-2024
Índice
1.- Fundamento normativo de elaboración del programa
2.- Siglas y acrónimos
3.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
4.- Análisis del estado actual
1. Democracia sindical y libertad de negociación colectiva
2. La función conciliatoria prejudicial, parte de la Nueva justicia laboral.
Situación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, respecto a la implementación de la Reforma Laboral
5.- Objetivos prioritarios
Misión
Visión
Principios
Objetivos del CFCRL
6.- Estrategias prioritarias y Acciones puntuales
7.- Metas para el bienestar y Parámetros
8.- Epílogo
9.- Directorio
1.- Fundamento normativo de elaboración del programa
El Programa Institucional de Mediano Plazo 2021-2024 (PIMP) del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es un programa que responde al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y está vinculado al Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024.
Este programa se emite con base en los artículos 26, apartado A y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 590-D, sexto párrafo, fracción II de la Ley Federal del Trabajo; 2, 3, 4, 9, 12, 13, 17, fracción II, 21 Bis, cuarto párrafo, 24, 26 Bis y 29 de la Ley de Planeación; 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 46 , 47, 48 y 49 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los criterios que establece para la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; 12, fracción II y 22, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 15, fracción IX y 27, fracciones I y II del Estatuto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de a la Economía Nacional, así como la Normatividad para los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND).
La entidad responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del presente Programa es el Organismo Público Descentralizado denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), cuyo origen deviene de tres instrumentos normativos fundamentales: la reforma constitucional en materia de justicia laboral que se materializó en los artículos 107 y 123 apartado “A”; la ratificación, en septiembre de 2018, del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se plasma el derecho de sindicación y de negociación colectiva de las personas trabajadoras; y la ratificación, en junio de 2019, capítulo 23 y Anexo 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por otra parte, el 6 de enero de 2020, se expidió la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para dar cumplimiento al mandato constitucional resultado de las reformas de 2017, así como a los cambios legislativos en materia laboral publicados el 1o. de mayo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación. En los artículos 5º, 6º y 9º de la Ley Orgánica del Centro se establece su objeto, los principios por los que se regirá y las atribuciones que le corresponden; asimismo, se señala que el Centro sustanciará el procedimiento de conciliación que deben agotar los trabajadores y patrones previo a acudir a un tribunal, cuando se trate de conflictos individuales del orden federal. Además, es el Organismo encargado del registro nacional de los contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
Finalmente, el Programa Institucional de Mediano Plazo 2021-2024, se vincula al Objetivo prioritario 2 “Impulsar el diálogo social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica conforme al nuevo modelo laboral”, del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024, que busca, entre otras metas, instrumentar mecanismos idóneos en los procesos de consulta y democracia sindical, promover la solución de conflictos mediante el servicio público de conciliación y consolidar los procedimientos para el registro y actualización de organizaciones sindicales.
Derecho al Trabajo y Derechos en el Trabajo
Dentro del marco jurídico laboral en México, destaca el artículo 123 de la CPEUM que dispone: a) que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley, así como los derechos laborales y de seguridad social correspondientes.
Este marco jurídico se complementa con los tratados internacionales que México ha suscrito, entre los cuales destacan el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación ratificado el 1 de abril de 1950, que establece dentro de sus artículos 2°, 3° y 5° los derechos de constituir las organizaciones que estimen convenientes; de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas; de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; de elegir libremente a sus representantes; de organizar su administración, sus actividades y formular su programa de acción; de constituir federaciones y confederaciones, y de afiliarse a las mismas, así como el derecho de toda organización, federación o confederación para afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de patrones. Además, dicho convenio internacional previene que las autoridades deben abstenerse de toda intervención que tendente a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal, aunado a que dichas organizaciones no podrán disolverse o suspenderse por vía administrativa.
Y, por otro lado, el Convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ratificado el 21 de septiembre de 2018, 69 años después de que fuera adoptado por dicho Organismo Internacional, por el Senado de la República, el cual entró en vigor el 23 de noviembre de 2018, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2019, el cual establece, dentro de su artículo 3°, que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación, la protección a los trabajadores contra actos de discriminación o de injerencia que limiten su libertad sindical, que establezcan procedimientos de negociación en los que participen los trabajadores de manera voluntaria y que reglamenten, por medio de contratos colectivos, las condiciones del empleo.
Otro tratado internacional a destacar es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), al que México se vinculó el 23 de marzo de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, el cual en su artículo 6°, párrafo primero, establece el derecho de toda persona de tener oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.
Asimismo, su artículo 7° reconoce el derecho de las personas a un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; también señala que debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, así como condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias; de igual forma, prevé lo relativo a la seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades para todos y todas de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad. Así mismo, establece el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
Otro aspecto importante a destacar dentro del PIDESC, son los derechos en materia colectiva establecidos dentro de su artículo 8°, entre ellos, el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de su organización para promover y proteger sus intereses económicos y sociales; el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; así como de funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos; y el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
Libertad sindical y protección del derecho de sindicación
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) introdujo nuevos principios que guardan completa relación con los objetivos que se persiguen en la reforma constitucional referida.
Estos principios se establecieron con el fin de:
· Hacer efectivos los derechos de libertad y democracia sindical.
· Garantizar el cumplimiento de los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y de certeza en la contratación colectiva.
· Regular la actuación de las nuevas instancias administrativas y de impartición de justicia laborales.
Además de lo antes señalado, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 133 constitucionales, el reconocimiento y protección de estos derechos se encuentran contemplados en los tratados internacionales que ha ratificado el Estado Mexicano, como el ya mencionado Convenio 98 de la OIT, cuyos objetivos son:
· La protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical;
· Fomentar la protección a las organizaciones de trabajadores y patrones contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras.
Particularmente, en su artículo 3° el Convenio 98 dispone que deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales para garantizar el respeto al derecho de sindicación.
Derecho de acceso a la justicia
Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son herramientas coadyuvantes de la administración de justicia, medios complementarios al sistema de justicia tradicional en pro de la convivencia pacífica. Bajo esa tesitura, la reforma constitucional, específicamente relativa a los artículos 107 y 123 “A”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, contempla cambios radicales en materia de procuración de justicia laboral, entre los cuales destaca la instauración de centros de conciliación especializados e imparciales, que se constituirán en las entidades federativas, a efecto de privilegiar la solución de asuntos mediante la conciliación entre las partes. En el marco de dicha reforma, la LFT definió las facultades del CFCRL estableciendo que sería el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con plena autonomía técnica, presupuestaria, de decisión y gestión, encargado, entre otros rubros, de realizar la función conciliatoria individual y colectiva.
En ese sentido, la conciliación se convirtió en un soporte toral de acceso real, efectivo, pronto y expedito a la justicia laboral, proyectando la cultura de la paz y promoviendo el cambio de cultura del conflicto a una cultura del acuerdo. Por tal motivo resultó fundamental definir con claridad dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, en su Título Trece Bis, Capítulo I, el Procedimiento de Conciliación Prejudicial, estableciendo con claridad los pormenores de dicho procedimiento prejudicial obligatorio. De igual forma, la misma legislación, en su artículo 685 Ter, especifica los casos de excepción de agotar dicha instancia.
Respecto a la conciliación colectiva, ésta es también una instancia obligatoria, ya que se tiene que agotar dentro del periodo de prehuelga, cuando las partes acudan a los órganos jurisdiccionales, salvo los casos excepcionales que la propia Ley Federal del Trabajo previene, como es en el caso de conflictos de titularidad de Contrato Colectivo de Trabajo.
2.- Siglas y acrónimos
CFCRL: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CCT: Contratos Colectivos de Trabajo
DOF: Diario Oficial de la Federación
IFDP: Instituto Federal de Defensoría Pública
JFCA: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
LFT: Ley Federal del Trabajo
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
PIMP: Programa Institucional de Mediano Plazo 2021-2024
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Profedet: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
PSTPS: Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social
T-MEC: Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.
UERSJL: Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral
3.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
Las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de éstas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.